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JAÉN.- Jaén en Común considera que la actividad de la cantera “La Quebrada” puede estar desarrollándose incumpliendo legislación específica de la Unión Europea, por lo que ha solicitado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo el estudio del caso, que puede dar lugar a la incoación de un procedimiento de infracción que de lugar, en su caso, a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en la que poder apoyarse para exigir el cierre de la cantera.  “Entendemos que se están vulnerando derechos ciudadanos y aspectos relacionados directamente con ámbitos de actividad de la Unión Europea como pueden ser la protección y promoción del patrimonio cultural y el paisaje, así como la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente”, señala Sara Martínez.

Con el asesoramiento del eurodiputado de EQUO Florent Marcellesi, Jaén en Común (JeC) ha estudiado las distintas vías posibles para hacer llegar a Europa la exigencia del cierre inmediato de la cantera, optando por dirigirse al Comité de Peticiones, que ya ha abierto distintas investigaciones en el Estado español por posibles incumplimientos de normativa europea, como es el caso de la que abrió al Gobierno de la Región de Murcia sobre la situación medioambiental en el Mar Menor. Para Sara Martínez “la desidia y el bloqueo de las administraciones competentes, Ayuntamiento de Jaén y Junta de Andalucía, están provocando que siga produciéndose un daño irreversible e irrecuperable al patrimonio natural y cultural de Jaén, por lo que recurriremos a todas las instancias que sean necesarias para conseguir que la cantera se cierre y se inicie el correspondiente proceso de restauración.”

La concejala de Jaén en Común ha añadido que tanto en la actuación de la Junta como en la del Ayuntamiento se aprecian defectos legales de forma y de fondo que han permitido que la actividad de la cantera se mantuviera durante décadas a pesar de la numerosa normativa urbanística, ambiental y de protección del patrimonio que justificaba su cierre, ”es indignante que ambas administraciones se sigan pasando la pelota mientras la cantera arrasa el cerro, teniendo elementos más que suficientes para proceder a su clausura inmediata: la Junta porque le concedió una prórroga incumpliendo los plazos legales y el Ayuntamiento porque desde 1983 tiene una Sentencia del Tribunal Supremo que le daba la razón al resolver definitivamente el contrato de arrendamiento”.